Tras ocho meses de conflicto, las autoridades iraníes intensificaron la represión de la disidencia política, ejecutaron a manifestantes y retomaron controles sobre el espacio público que habían relajado.
La guerra, que empezó con ataques de EE.UU. e Israel sobre líderes iraníes, aceleró un proceso que ya venía en marcha: el endurecimiento del aparato de seguridad interno de la República Islámica. Las autoridades emitieron advertencias públicas sobre sentencias severas para quienes protestaran contra el gobierno y reforzaron los controles en espacios públicos, donde habían aflojado la aplicación de algunas restricciones en los meses previos.
Fatemeh Mirahmadi — CC BY 4.0
El domingo, el Poder Judicial iraní anunció que tres jóvenes detenidos durante las protestas nacionales de enero fueron ejecutados, acusados de haber atacado oficinas gubernamentales y dañado propiedad pública cerca de Teherán, supuestamente en beneficio de EE.UU. e Israel. Las autoridades califican las protestas antigubernamentales como un intento de "golpe" perpetrado por "terroristas" vinculados a Washington y Tel Aviv.
Una misión independiente de investigación de la ONU concluyó, en cambio, que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión violenta de manifestantes. Según organizaciones de derechos humanos, miles de personas murieron, en su mayoría durante las noches del 8 y 9 de enero. La organización noruega Hengaw Organization for Human Rights documentó que en 2026 el gobierno iraní ejecutó al menos 79 presos políticos o religiosos, entre ellos 40 personas arrestadas durante las protestas de enero, algunos tras condenas por espionaje.
Organizaciones de derechos humanos con base en el exterior señalaron que muchos casos políticos que terminan en ejecución están manchados por denuncias de torturas, confesiones forzadas y otras violaciones al debido proceso.
El 30 de octubre, cientos de jóvenes iraníes de la generación Z se reunieron en la calle Iranshahr de Teherán para celebrar Halloween con disfraces y maquillaje. En pocas horas, motoristas y agentes de seguridad de civil dispersaron a la multitud, cerraron cafés y, según los reportes, realizaron detenciones y agresiones. Las autoridades no comentaron oficialmente el incidente, pero desde entonces instalaron puestos y estaciones progubernamentales en esa misma calle, donde sus simpatizantes entonan consignas "revolucionarias" y agitan banderas.
El jefe de la policía de tránsito de Teherán, Teymour Hosseini, ya había criticado el mes anterior las concentraciones en Iranshahr y otras calles que se convirtieron en puntos de encuentro para jóvenes que buscan espacios de expresión. Hosseini insinuó que esas reuniones eran el motivo por el que la policía cerró cafés y negocios en los últimos meses.
Entre los sectores que el gobierno movilizó públicamente aparecen integrantes de las Guardias Revolucionarias Islámicas (IRGC) y civiles afines, según señaló Mahjoob Zweiri, director del Gulf Studies Center de la Universidad de Qatar. Parte de esa movilización se canaliza a través de la campaña de "autosacrificio" Janfada, en la que algunos participantes reciben entrenamiento con armas y apoyo para integrarse al Basij, la fuerza paramilitar doméstica del IRGC que históricamente se usó para reprimir protestas.
Paralelamente, el gobierno reafirmó el código de vestimenta obligatorio para mujeres, vigente desde poco después de la revolución de 1979. Desde las protestas por Mahsa Amini de 2022-2023, muchas mujeres habían dejado de usar el hiyab en Teherán y otras ciudades. Hossein Shariatmadari, una figura mediática de línea dura, publicó un artículo en el que describió el hiyab laxo como "una de las palancas utilizadas por el enemigo en la próxima guerra" y afirmó que el adversario "ha sido derrotado en el enfrentamiento militar con el Irán islámico y ahora trasladó una parte considerable de sus capacidades hacia la guerra económica y cultural".
Crannofonix News — CC BY 4.0
El analista político Ali Alfoneh matizó el panorama. Señaló que las autoridades aflojaron deliberadamente la aplicación de leyes sobre el hiyab, el alcohol, los narcóticos y otras cuestiones sociales para mantener a la población ocupada en actividades que la distraigan del activismo político. "La represión parece estar reservada a los asuntos de libertad política y a los levantamientos antirrégimen", dijo.
Alfoneh también contextualizó la situación en términos más amplios. "Irán es un país en guerra con la única superpotencia mundial, cuya estrategia hacia Teherán sigue siendo poco clara, y con Israel, cuyo gobierno persigue una política declarada de derrocar al régimen", planteó, y agregó que, tomadas esas circunstancias en cuenta, las autoridades iraníes no son más represivas que cualquier otro régimen que enfrente amenazas similares.
Zweiri, por su parte, advirtió que si Irán y EE.UU. logran una resolución negociada o escalan hacia un conflicto más devastador será un factor determinante para saber si se producen nuevas protestas masivas. También señaló que algunos iraníes sienten que cualquier protesta en este momento podría interpretarse como una alianza con potencias extranjeras. "El segundo nivel de la realidad es la identidad de ser iraní, que significa que ningún iraní quiere ser afiliado a un enemigo que ataca y destruye el país", dijo.
