El exgeneral argentino que estuvo al mando del Comando Conjunto Antártico durante cuatro años planteó públicamente que Argentina tiene "la herramienta para eliminar Puerto Williams", sugiriendo que Ushuaia podría ejercer presión sobre esa ciudad chilena mediante el cierre de un suministro energético. El problema central es que la premisa es factualmente incorresa: Argentina no suministra ningún tipo de gas a Puerto Williams.
La respuesta chilena
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, fue el primero en responder con datos concretos. Declaró que el abastecimiento de la ciudad es enteramente chileno, que el gas licuado llega por vía marítima desde Magallanes y se distribuye desde una planta de almacenamiento instalada en la propia comuna, y que "no hay ninguna llave que Argentina pueda cerrar". Fernández recordó además que Puerto Williams está ubicada en la isla Navarino, territorio chileno delimitado por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, y que "no hay nada que negociar ahí".
El diputado Alejandro Riquelme, del Partido Republicano por la Región de Magallanes, fue más directo. Calificó las declaraciones de "ignorancia monumental" y precisó que Argentina no entrega ni un metro cúbico de gas a Puerto Williams. Subrayó que lo grave no es solo el error factual, sino que un exalto mando proponga "eliminar una ciudad chilena mediante la restricción de servicios básicos" que afectan a familias, niños y adultos mayores.
Lo que dicen los hechos
El gas que abastece Puerto Williams es GLP de origen chileno, suministrado por Gasco Magallanes desde Punta Arenas a partir de producción de ENAP. No existe red de gas natural ni dependencia de ductos argentinos. Un acuerdo explorado en los años 90 entre los presidentes Frei y Menem para tender un ducto por el Paso Almanza nunca se materializó. En junio de 2026 avanzaba además la construcción de una nueva planta de almacenamiento y distribución de GLP en el sector este de la ciudad, sobre la ruta Y-905, con cinco tanques de 65 m³ cada uno, destinada a garantizar suministro continuo para generación eléctrica, granel y envasado. El margen de dependencia energética respecto de Argentina era ya inexistente; la obra lo reduce aún más.
Una secuencia que se repite
Este episodio no es aislado. En agosto de 2026, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, habló en un podcast sobre Magallanes, el sur y el Drake como "soberanía" argentina y la necesidad de "hacer presencia" por tratarse de una "llave bioceánica". Chile cursó una nota de protesta formal. La Cancillería argentina se desmarcó y reafirmó los tratados de 1881 y 1984. El ministro de Defensa chileno Fernando Barros recibió un llamado de su homólogo argentino Carlos Alberto Presti, quien atribuyó los dichos de Valverde a "confusión y desprolijidad" y reconoció que el Estrecho de Magallanes es chileno. Meses antes, el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino había aludido a la boca oriental del estrecho como parte de Argentina. El Decreto 457/2021 de la administración anterior, que hablaba de control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes, sigue pendiente de revisión.
La soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes en toda su extensión y ambas riberas está asentada en el Tratado de Límites de 1881 y fue reafirmada por el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Autoridades argentinas de alto nivel la han reconocido explícitamente en los últimos meses.
Cooperación en paralelo
Wonderfullyrich — CC BY-SA 4.0
En el plano operativo, las relaciones institucionales entre ambas fuerzas siguen funcionando. En agosto de 2026 se realizó el ejercicio combinado Viekaren XXVI en el Canal Beagle, con unidades argentinas atracadas en el muelle de Puerto Williams. Chile, por su parte, mantiene presencia en la zona con el submarino Scorpène SS-22 "Carrera", avistado en Puerto Williams, y avanza en capacidades propias con el rompehielos AGB-46 "Almirante Viel" y el buque de desembarco LPD-93 "Magallanes", construido en ASMAR, que tendrá puerto base en Punta Arenas a partir de 2027.
El contraste entre esa cooperación práctica y el lenguaje empleado por el exgeneral es llamativo. Las autoridades chilenas respondieron con datos precisos y recordatorio de los tratados vigentes. La pregunta que queda abierta es si Buenos Aires se desmarcará de estas declaraciones con la misma claridad con que lo hizo en el caso Valverde.