La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicó un informe que pone números crudos sobre la mesa: modernizar los astilleros públicos de la Marina de los Estados Unidos podría llevar hasta 50 años y superar los 200.000 millones de dólares. El organismo, que actúa como auditor independiente del Congreso, advierte además que el programa carece de evaluaciones periódicas y que eso eleva el riesgo de que los costos escalen aún más.
Infraestructura al límite
PO2 Nicholas Huynh — Dominio público (trabajo del gobierno de EE.UU.)
El problema no se limita a los diques secos y las grúas de los astilleros. La Marina reconoce que toda su infraestructura costera, muelles, barracas y bases de apoyo incluidos, entrará en estado de falla generalizada en 2037 si el ritmo de inversión actual no varía. Esa proyección la dio el contralmirante Scott Gray, designado como el nuevo subjefe de Operaciones Navales para Sustentación, un cargo creado específicamente para hacer frente a esta crisis. Gray asumirá formalmente el 5 de octubre y tendrá como tarea central presionar de forma continua por fondos para estas instalaciones.
La creación de ese puesto es en sí misma una señal de la gravedad del diagnóstico. La Marina está institucionalizando la gestión del problema: en vez de que la infraestructura compita por presupuesto junto con buques, aviones y sistemas de armas en las discusiones ordinarias, habrá un oficial de tres estrellas con mandato específico para defenderla ante el Pentágono y el Congreso.
El fondo del problema
Los cuatro grandes astilleros públicos de la Marina estadounidense, que son los únicos habilitados para mantener y reparar sus buques de propulsión nuclear, vienen acumulando déficit de mantenimiento desde hace décadas. El equipamiento en muchos casos tiene más de 50 años, y la capacidad instalada no alcanza para sostener el ritmo de mantenimiento que requiere la flota actual. Eso se traduce en retrasos prolongados en las reparaciones de submarinos y portaaviones, que a su vez reducen la disponibilidad operativa de las unidades.
El informe de la GAO va más allá del diagnóstico económico: señala que el programa de modernización no se evalúa con regularidad suficiente, lo que impide detectar desvíos de costo o cronograma antes de que se vuelvan inmanejables. El organismo llama al Congreso a ejercer una supervisión más activa sobre estos proyectos de construcción.
Décadas de decisiones postergadas
La situación actual es el resultado de décadas de subinversión en infraestructura naval, un patrón que se agravó cuando el fin de la Guerra Fría llevó a recortar el presupuesto de defensa en los años noventa. Durante ese período, el mantenimiento de instalaciones fue el rubro más fácil de diferir frente a la presión de adquirir sistemas nuevos. El costo de esas decisiones acumuladas es el que ahora la GAO pone sobre la mesa con el número de 200.000 millones.
La demanda de capacidad de astillero, en tanto, no bajó: la Marina opera una flota de submarinos de ataque y misiles balísticos que requieren mantenimiento periódico en instalaciones nucleares certificadas, y la competencia estratégica con China empuja hacia una flota mayor, no menor. Ese desfasaje entre la infraestructura disponible y la demanda operativa es el nudo central del problema que Gray tendrá que atacar desde octubre.
