España está a punto de ampliar de 79 a 95 el número de Programas de Especial Modernización (PEM) activos. El teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, lo explicó durante su intervención en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, organizado por Nueva Economía Fórum. El conjunto de iniciativas podría movilizar hasta 32.000 millones de euros mediante compromisos plurianuales. Son previsiones, no contratos firmados: el real decreto de prefinanciación se esperaba para este mes de octubre, y la contratación efectiva debería materializarse a finales de año.
Los 15 nuevos PEM se suman a los 31 ya existentes de 2025. Uno de los incorporados es Capacidad LEO Nacional, junto a la contribución española al programa europeo IRIS², de comunicaciones seguras por satélite.
El Ejército de Tierra renueva su columna vertebral
Gerard van der Schaaf — CC BY 2.0
Uno de los programas más urgentes es el Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC), destinado a reemplazar los transportes oruga acorazados M113. No se trata de un simple relevo: el VAC apunta a una familia multipropósito para apoyo al combate y apoyo logístico, complementaria de los carros Leopardo 2E y los vehículos de combate de infantería Pizarro. Su primera fase contempla 394 vehículos con un costo estimado de 1.953,7 millones de euros.
El VAC también viene a cerrar una deuda pendiente del propio programa Pizarro. Las dos fases materializadas de ese vehículo se concentraron en las versiones de combate, puesto de mando y zapadores Castor. Quedaron afuera variantes de observación avanzada, portamorteros y recuperación, necesarias para completar los grupos tácticos. El VAC debe cubrir esas carencias.
La actualización del Pizarro responde, por su parte, a obsolescencias logísticas que dificultan el mantenimiento y a la necesidad de revisar los sistemas de armamento. La experiencia acumulada en despliegues como el de Letonia ofrece una base concreta para corregir deficiencias, mejorar la ergonomía y aprovechar el conocimiento industrial desarrollado con la familia ASCOD.
Exploración, artillería y guerra electrónica
Mohit S from Mumbai, India — CC BY 2.0
En materia de exploración, el plan incluye una segunda fase del Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT), que combina la movilidad del VAMTAC con nuevos sistemas optrónicos y capacidad de transmisión de información. Esta fase contempla 100 vehículos, con entregas previstas entre 2026 y 2030.
La artillería también figura entre las prioridades. El objetivo es sustituir los M109 y avanzar desde piezas remolcadas hacia soluciones autopropulsadas, tanto sobre cadenas como sobre ruedas. Las prestaciones buscadas incluyen fuego MRSI (varios proyectiles con trayectorias diferentes para impactar simultáneamente un mismo objetivo), recarga automática o semiautomática, y municiones inteligentes. El plan suma radares de localización de fuegos indirectos, medios de guerra electrónica y el Sistema Conjunto de Radio Táctica, basado en radios definidas por software.
La defensa contra drones atraviesa toda la planificación. El análisis apunta a sistemas actualizables que combinen perturbación electrónica y neutralización física, capaces de acompañar a las unidades en movimiento.
Más a futuro, el documento menciona el denominado Sistema de Combate Terrestre Superior, orientado a disponer de una capacidad de nueva generación a partir de 2040. Su configuración no está cerrada: quedan abiertas preguntas sobre número de tripulantes, calibre del armamento e incorporación de protección activa.
La renovación de la aviación de combate
Luis García (Zaqarbal) — CC BY-SA 4.0
En el Ejército del Aire y del Espacio, la renovación de los aviones de combate descansa en los programas Halcón I y Halcón II, que suman 45 Eurofighter. El primero aporta 20 unidades; el segundo, 25, orientadas a reemplazar parcialmente los EF-18M de las Alas 12 y 15.
El alcance total del esfuerzo de modernización español es, en definitiva, uno de los más amplios encarados por el país en décadas. Pero la escala del anuncio convive con una advertencia implícita en las propias declaraciones de Ivorra: entre las previsiones de planificación y los contratos efectivamente firmados hay una distancia real, y los 32.000 millones de euros son un techo posible, no un compromiso ya asumido.