En lo que va de 2026, grupos insurgentes realizaron 176 ataques con drones comerciales modificados para lanzar explosivos en Colombia. El saldo es de nueve uniformados muertos y 203 heridos.
Nueve soldados muertos y 203 heridos. Ese es el costo humano que llevan las Fuerzas Militares de Colombia en lo que va de 2026, producto de 176 ataques con drones armados ejecutados por grupos insurgentes. El promedio supera un ataque cada dos días, y la tendencia no da señales de revertirse.
Lo que hace especialmente difícil de contener esta amenaza es su naturaleza. No se trata de sistemas militares sofisticados: los insurgentes usan drones comerciales, del tipo que se consigue en cualquier tienda de electrónica, modificados para transportar y lanzar explosivos improvisados. El costo de entrada es mínimo; el daño que pueden infligir, ya no lo es.
Esta modalidad se convirtió en uno de los principales desafíos de seguridad para las fuerzas colombianas. La lógica es la misma que impulsó el uso masivo de drones armados en otros conflictos del mundo: permiten atacar a distancia, sin exposición del operador, con una inversión ínfima comparada con cualquier armamento convencional. En Colombia, esa lógica la adoptaron los grupos irregulares que siguen activos en distintas regiones del país.
Hexogen — CC BY-SA 3.0
El uso de drones comerciales adaptados para el combate no es una novedad a escala global, pero sí representa una escalada significativa en el contexto colombiano. Durante años, las principales amenazas para los uniformados en zonas de conflicto fueron los artefactos explosivos improvisados en tierra, las emboscadas y el fuego de armas pequeñas. El dron armado suma una dimensión aérea a ese entorno, para la cual las tropas de infantería tienen capacidades de respuesta mucho más limitadas.
Detectar un dron pequeño volando bajo es difícil con los medios visuales y acústicos disponibles en el campo. Derribarlo, más difícil aún sin equipamiento específico de guerra electrónica o sistemas antidrones. Y dado que los drones comerciales son de producción masiva y fácil reposición, destruir uno no resuelve el problema de fondo.
La cifra de 176 ataques en los primeros meses de 2026 plantea preguntas sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad colombianas para adaptarse a esta táctica con la velocidad que el problema exige. Las bajas registradas, 203 heridos y nueve muertos, no reflejan solo una estadística de conflicto: son el indicador de que esta amenaza ya es operacionalmente relevante, no un fenómeno marginal.
