El Gobierno de Chile tiene hasta el 27 de octubre para decidir si suscribe la Coalición contra los Cárteles de las Américas, el componente militar del Escudo de las Américas. Las dudas giran en torno a qué facultades tendrían las fuerzas armadas dentro del territorio nacional.
El gobierno chileno evalúa no firmar su incorporación a la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), la estructura militar del Escudo de las Américas impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Fuentes del Ejecutivo chileno le comunicaron a Washington la posibilidad de no suscribir el acuerdo, ante dudas concretas sobre qué márgenes de acción tendrían las fuerzas armadas de la coalición, incluida la posibilidad de que esas fuerzas actúen dentro de los territorios nacionales.
La decisión deberá tomarse antes del 27 de octubre, fecha de una reunión en República Dominicana donde se espera que entre 19 y 20 países firmen el acuerdo. La cita estará encabezada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, fue invitado a participar.
El debate interno en Chile no es sobre el Escudo de las Américas en sí, sino sobre su brazo militar. Chile ya se adhirió a esa alianza en septiembre, en términos que el propio ministro Barros presentó como no vinculantes para las fuerzas armadas: sin nuevas obligaciones, sin compromiso de soberanía, sin intervención militar. La A3C es otra cosa. Implica mecanismos de coordinación operacional frente a organizaciones criminales y grupos considerados narcoterroristas, y contempla la posibilidad de empleo de fuerza letal dentro de los países miembros.
Eso es exactamente lo que genera resistencia dentro del gobierno. Barros figura entre los escépticos. Las preguntas que no tienen respuesta clara todavía son cuáles serían las facultades operacionales de los contingentes participantes y bajo qué condiciones podría desplegarse esa fuerza en territorio chileno.
Desde Washington, fuentes del Ejecutivo estadounidense sostienen que cualquier acción militar requeriría la aprobación expresa del país involucrado y debería ajustarse a su legislación interna. Pero esa garantía no alcanzó para despejar las dudas en Santiago.
Esta semana, la Embajada de Estados Unidos en Chile contactó a parlamentarios oficialistas para promover la incorporación del país. Entre los senadores consultados estuvieron Manuel José Ossandón y Andrés Longton, de Renovación Nacional, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Ossandón señaló su disposición a participar en iniciativas contra el crimen organizado, pero condicionó ese respaldo al respeto de la soberanía chilena. Al hacer esa valoración, aludió a la situación de Colombia, Ecuador y Perú frente a las organizaciones narcoterroristas.
El gobierno maneja al menos dos alternativas distintas a la firma plena. Una es simplemente no suscribir el acuerdo y mantener la participación de Chile en la dimensión política y estratégica del Escudo de las Américas, incluido el intercambio de inteligencia. La otra es incorporarse a la A3C como observador, lo que permitiría conservar un vínculo con la iniciativa sin asumir las obligaciones de los miembros plenos.
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Si Chile opta por no firmar, quedaría como el único integrante del Escudo de las Américas que no suscribe el componente militar, un escenario que el Ejecutivo también pondera desde el ángulo diplomático, dado el peso que Washington le asigna a la iniciativa.
La postura definitiva aún no está fijada. Se espera el regreso del canciller Francisco Pérez Mackenna, que se encuentra en gira por Europa, para cerrar la decisión. Esa definición podría comunicarse el lunes 26 de octubre. El gobierno deberá resolver también si envía una delegación a República Dominicana para explicar su posición, o si directamente no asiste a la reunión.
