Varios meses después del inicio del segundo mandato de Donald Trump, funcionarios políticos del Departamento de Seguridad Interior (DHS) le hicieron un pedido inusual a la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA): que obtuviera en secreto una máquina de votar, la analizara y reportara los hallazgos directamente a la Casa Blanca. La instrucción incluía una condición que contradecía el funcionamiento habitual de la agencia. CISA no debía alertar a la empresa fabricante si encontraba fallas, algo que la agencia hace rutinariamente como parte de su trabajo de protección de infraestructura electoral.
Dos exfuncionarios con conocimiento directo del pedido describieron la situación como un shock para el personal técnico de carrera de la agencia. "Mi pensamiento fue que podrían guardarlo en el bolsillo para invalidar cualquier resultado electoral que no les gustara", dijo uno de ellos. "Esto va contra todo lo que CISA representa."
Un pedido que no pudo ejecutarse
El operativo nunca se llevó a cabo. Los empleados de CISA le dijeron repetidamente a los designados políticos que el pedido era imposible de cumplir, en parte porque los agentes con capacidad para ejecutar ese tipo de operación habían sido despedidos en el marco de los recortes impulsados por la iniciativa de eficiencia gubernamental liderada por Elon Musk. Ante esa respuesta, los funcionarios políticos dejaron de insistir.
Que el pedido no haya prosperado no lo convierte en un episodio menor. Ilustra el tipo de presión que la administración Trump ejerce sobre una agencia cuya misión central es, precisamente, proteger los sistemas electorales de ataques externos.
La agencia, vaciada
Durante el segundo mandato de Trump, la administración despidió o expulsó a más de 1.000 empleados de CISA, reduciendo la agencia en aproximadamente un tercio. La propuesta presupuestaria del presidente para 2027 recorta otros 700 millones de dólares del financiamiento de la agencia, lo que según la fuente implicaría 900 bajas adicionales.
Esos números tienen consecuencias concretas. Varios estados dijeron que la agencia no les prestó ningún tipo de asistencia durante las etapas más críticas de preparación para las elecciones de mitad de mandato, y que tampoco recibieron explicación alguna por esa ausencia. Ryan Macias, experto en tecnología electoral y ciberseguridad que trabajó como consultor para CISA, fue contundente al respecto. "Hay una diferencia entre despriorizar y ser inexistente", dijo. Durante 2025 y hasta mediados de septiembre de 2026, período en que habitualmente se completa el grueso de los preparativos electorales, "fueron inexistentes. Literalmente inexistentes".
En respuesta, legisladores demócratas reclamaron una investigación sobre la capacidad operativa de CISA y exigieron explicaciones sobre por qué no se están destinando fondos federales a la seguridad electoral, tal como lo ordenó el Congreso.
La desconfianza se instaló
Tras ese largo período de ausencia, CISA reapareció en septiembre con un plan de seguridad de último momento para las elecciones. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Algunos funcionarios estatales dijeron temer que lo que queda de la agencia esté comprometido por una administración presidencial con tendencia a las teorías conspirativas.
En los últimos meses, el gobierno de Trump desclasificó grandes volúmenes de documentos relacionados con la elección de 2020, incluyendo material sensible que los estados habían compartido con CISA bajo un esquema de confianza. Esa decisión rompió las bases de esa relación. "Violaron toda la premisa del intercambio de información", dijo un exalto funcionario federal de ciberseguridad que ahora asesora a gobiernos estatales. "No hay manera de que vayan a darle ninguna información a CISA. Y no está claro si lo harán en el futuro."
El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, fue directo. "No presto atención a lo que dice el presidente. Presto atención a lo que hace su administración. Y lo que hicieron fue básicamente cortarnos y dejarnos solos."
Qué es CISA y cómo llegó hasta acá
La agencia no existía siempre en su forma actual. A lo largo de los años 90 y los 2000, una serie de ciberataques al gobierno federal evidenció la magnitud de la amenaza digital. En 2007, hackers desconocidos penetraron el Pentágono y robaron terabytes de información sensible, un episodio que un líder de inteligencia describió como un "Pearl Harbor del espionaje".
Bajo George W. Bush, el DHS fue reorganizado para enfrentar mejor el terrorismo y las catástrofes. Uno de sus componentes, la Dirección Nacional de Protección y Programas, se dedicó a fortalecer la ciberdefensa de infraestructura crítica. En 2018, el propio Trump firmó la ley que convirtió esa dirección en una agencia independiente con financiamiento propio, bautizándola CISA. Su rol quedó definido como el de la mesa de soporte técnica definitiva para todo lo que el DHS clasifique como infraestructura crítica, incluyendo los sistemas electorales.
La ironía no es menor. Trump creó la agencia, y es su propia administración la que la está desmantelando mientras pide que sus funcionarios la usen con fines que sus propios empleados describen como interferencia política.
