El presidente Javier Milei llevó el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas a la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo que el derecho a la autodeterminación de los pueblos no puede invocarse en ese caso.
Javier Milei defendió ante la Asamblea General de la ONU la posición histórica argentina sobre las Malvinas y fue categórico: el principio de autodeterminación de los pueblos "no aplica" al archipiélago del Atlántico Sur. La presentación convierte al reclamo de soberanía en una "causa nacional", una definición que trasciende las diferencias internas argentinas y que los sucesivos gobiernos han sostenido con matices distintos desde la recuperación de la democracia en 1983.
El argumento de que la autodeterminación no rige en el caso Malvinas no es nuevo en la diplomacia argentina, pero sí resulta políticamente significativo que lo enuncie con esa claridad un presidente que ha centrado buena parte de su gestión en la defensa de las libertades individuales y ha tendido a distanciarse de las posiciones tradicionales del Estado argentino en otros foros internacionales.
La posición de Buenos Aires es que las Malvinas constituyen un caso colonial y no un caso de autodeterminación, porque la población actual del archipiélago es el resultado de un proceso de sustitución de la población original, iniciado cuando Gran Bretaña ocupó las islas por la fuerza en 1833 y expulsó a las autoridades y habitantes argentinos. Desde esa lectura, reconocer el derecho a decidir de los actuales residentes equivaldría a convalidar el hecho colonial en origen, y no a resolverlo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas lleva décadas instando a Argentina y al Reino Unido a negociar el diferendo. La resolución 2065 de 1965 fue la primera en reconocerlo como un asunto de descolonización y pedir una solución negociada, tomando en cuenta "los intereses" de los isleños pero sin elevarlos al rango de derecho determinante. Esa distinción, que el derecho internacional no ha terminado de zanjar, es exactamente el terreno en que Buenos Aires libra su batalla diplomática.
Tras la guerra de 1982, las relaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido se reconstruyeron en etapas. Durante la década de 1990 hubo acercamientos en materia de cooperación pesquera y vuelos, pero el statu quo de soberanía nunca se alteró. Desde 2010, con el inicio de la exploración petrolera británica en torno al archipiélago, la tensión volvió a escalar. Los gobiernos que siguieron adoptaron posiciones más firmes en los foros multilaterales, y la presentación de Milei en la Asamblea General se inscribe en esa continuidad, aunque venga de un presidente cuyo perfil ideológico es radicalmente distinto al de sus predecesores.
La ONU no tiene mecanismos coercitivos para imponer una solución al diferendo de Malvinas, pero la Asamblea General funciona como escenario de legitimación internacional. Que el tema se reitere año a año en ese foro mantiene vivo el reclamo en la agenda multilateral y evita que el statu quo se consolide por omisión diplomática. Para Argentina, cada discurso presidencial en ese espacio es también un gesto interno: la cuestión Malvinas conserva un consenso político y social que pocos temas logran en un país con fracturas tan profundas. Milei lo sabe, y la elección de ese lenguaje, el de la "causa nacional", apunta exactamente a ese consenso.
