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El gobierno envía al Congreso un proyecto para crear un Consejo de Seguridad Nacional con poder transversal sobre todo el Estado

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone un organismo presidido por el Presidente y con participación permanente de Defensa, Cancillería, Economía e Inteligencia. Si se aprueba, sería la estructura de coordinación estratégica más abarcadora que haya tenido el Estado argentino.

22 de septiembre de 2026 • El Lado Correcto
El gobierno envía al Congreso un proyecto para crear un Consejo de Seguridad Nacional con poder transversal sobre todo el Estado
Crédito: UrbanShift — Public domain

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye como pieza central la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. El organismo funcionaría como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional, sería presidido por el Presidente de la Nación en su carácter de Jefe Supremo y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y reuniría en una sola mesa funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de defensa, jurídicas, de inteligencia y de protección de infraestructuras críticas.

Quiénes se sientan en la mesa

El proyecto distingue entre miembros permanentes y no permanentes. Los primeros serían el propio Presidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Los no permanentes serían convocados según el tema de cada reunión, y el texto permite además incorporar a personas con conocimientos estratégicos específicos cuando resulte útil. Todos los participantes quedarían sujetos al régimen de confidencialidad de la Ley de Inteligencia Nacional.

Facultades amplias, incluso sobre provincias

Las atribuciones previstas son de alcance amplio. El Consejo asesoraría al Presidente en materia de seguridad nacional, elaboraría la Política de Seguridad Nacional para su aprobación por el Ejecutivo y aprobaría y supervisaría las políticas sectoriales de los organismos que integran el sistema. También orientaría las prioridades de inversión, investigación y capacitación, y tendría competencias específicas en materia de control aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre.

Uno de los aspectos más relevantes del texto es que el Consejo podría requerir de forma obligatoria información y asistencia de cualquier organismo del Sector Público Nacional. Además, podría solicitar cooperación a los gobiernos provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, lo que le daría una capacidad de coordinación transversal que excede por completo el ámbito estrictamente militar.

La redefinición de la Defensa Nacional

El proyecto también redefine el concepto mismo de Defensa Nacional, que pasaría a contemplar riesgos, amenazas y desafíos de origen externo tanto estatales como no estatales, y de carácter cinético o no cinético. En ese marco, las Fuerzas Armadas serían el instrumento militar de la defensa y deberían estar organizadas, adiestradas y equipadas para actuar en operaciones convencionales y no convencionales, además de participar en mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria y apoyo a terceros países.

Por qué Economía está en la mesa

La inclusión del Ministerio de Economía como miembro permanente es uno de los puntos más discutidos. Edgardo Glavinich, director de la Fundación Sherman Kent, explica que hoy los instrumentos con que los Estados presionan, disuaden y sancionan son financieros, comerciales y tecnológicos antes que militares, y que los swaps, los puertos y las estaciones espaciales se leen como activos de seguridad. Según Glavinich, un consejo que define prioridades sin el ministro que asigna el presupuesto solo define deseos. El riesgo, advierte, es que Economía termine participando como filtro fiscal y no como actor estratégico, subordinando la seguridad nacional a la caja del trimestre.

El espejo incómodo: el CODENA

El proyecto llega con un antecedente que pesa. El Consejo de Defensa Nacional creado por la Ley 23.554 existe formalmente desde 1988 y en casi cuatro décadas no logró producir de manera regular directivas estratégicas. Glavinich es directo al respecto: el problema no es la ausencia de una mesa sino la ausencia de procesos, secretaría y producto. Para que esta vez sea diferente, señala tres condiciones sin las cuales el organismo se convertiría en otro papel firmado. Primera, una secretaría técnica permanente con analistas de carrera que preparen opciones, gestionen crisis y hagan seguimiento. Segunda, la obligación de producir una Estrategia de Seguridad Nacional escrita con periodicidad fija, lo que fuerza al Estado a jerarquizar amenazas y rendir cuentas. Tercera, control parlamentario efectivo con periodicidad mínima de reuniones establecida por ley.

La comparación con el National Security Council de Estados Unidos surgió tras el anuncio presidencial en cadena nacional. Glavinich considera que pretender replicarlo de manera lineal sería un acierto solo parcial: las diferencias de escala presupuestaria, la burocracia estatal y la estricta separación legal argentina entre defensa nacional y seguridad interior obligan a mirar modelos de países intermedios como el Reino Unido, España o Francia, que adoptaron del modelo estadounidense el proceso técnico y no el gigantismo.

La agenda concreta que debería atender

En cuanto a las amenazas reales que debería procesar el organismo, el análisis apunta a prioridades que distan de los esquemas bélicos tradicionales. El crimen organizado transnacional encabeza la lista, con las rutas fluviales y portuarias, el lavado, la corrupción institucional y la Hidrovía como expresión más visible. Le siguen la desprotección de los espacios marítimos y aéreos, la vulnerabilidad de infraestructuras críticas, el dominio cibernético, la interferencia extranjera en inversiones sensibles y el riesgo de terrorismo internacional.

En el plano geopolítico, Glavinich ubica al Atlántico Sur y la Antártida como espacio de competencia creciente, donde la proyección británica, el interés extrarregional en el paso bioceánico y la definición estadounidense del hemisferio hasta la Antártida exigen presencia naval, logística y científica sostenida. También menciona la vulnerabilidad de los puertos agroindustriales del Gran Rosario frente a un eventual bloqueo o sabotaje, y el riesgo de quedar envuelto en disputas de grandes potencias a causa de las propias dependencias financieras e infraestructurales del país.

El proyecto deberá atravesar ahora el debate parlamentario. La pregunta que deja Glavinich no es si Argentina necesita un Consejo de Seguridad Nacional, sino por qué esta vez funcionaría.

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