El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 volvió a poner sobre la mesa la renovación de la flota de superficie argentina, valuada en unos 1.200 millones de dólares. El dinero puede estar, pero la adquisición depende de una voluntad política que todavía no se materializó.
La presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 reabrió el debate sobre uno de los problemas estructurales más persistentes de la Armada Argentina: la obsolescencia de sus medios de superficie. El núcleo de la Flota de Mar descansa hoy sobre los destructores MEKO 360, plataformas diseñadas en los años 70 y construidas en los 80 que llevan décadas en servicio sin un reemplazo definido. Presupuestar una partida es un paso necesario, pero no suficiente. La compra efectiva de nuevas fragatas, estimada en 1.200 millones de dólares, depende de una decisión política que aún no se tomó.
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Los MEKO 360 representan lo más capaz de la superficie argentina, pero su edad operativa los convierte en un pasivo creciente. Mantener sistemas de esa antigüedad exige esfuerzos de sostenimiento que consumen recursos y tiempo de adiestramiento, al tiempo que sus capacidades quedan cada vez más lejos de los estándares de combate actuales. La renovación de esos medios no es una aspiración de modernización: es una necesidad operativa que la propia Armada viene planteando desde hace años.
El mismo diagnóstico aplica a los medios submarinos, que el debate presupuestario también puso en discusión. Argentina perdió su última capacidad submarina operativa con la tragedia del ARA San Juan en 2017 y nunca la recompuso. La Flota de Mar lleva casi una década sin ese componente, lo que limita severamente su capacidad de disuasión y de operaciones en el Atlántico Sur.
La distinción entre presupuestar y comprar es el centro del problema. Que una partida figure en el proyecto de ley no implica que el proceso de adquisición esté lanzado, ni que haya una licitación abierta, ni que exista un proveedor seleccionado. Para llegar a cualquiera de esos pasos hace falta que el poder político fije una prioridad, autorice el proceso contractual y lo sostenga en el tiempo, algo que en Argentina ha fallado en múltiples oportunidades anteriores con distintos programas de rearme.
El monto estimado de 1.200 millones de dólares ubica esta adquisición entre las más grandes de la historia reciente de la defensa argentina. A modo de referencia, programas equivalentes en la región, como la compra de fragatas por parte de Chile o las negociaciones que Brasil llevó adelante para renovar parte de su flota, tardaron años desde la decisión política inicial hasta la firma del contrato definitivo. Argentina todavía no llegó al primer paso.
El recorrido legislativo del Presupuesto 2027 determinará si la partida sobrevive el debate en el Congreso o queda recortada antes de llegar a votación. Pero incluso si la ley se aprueba con esa asignación intacta, la Armada necesitará que el Ejecutivo active un proceso de adquisición formal: definir el tipo de plataforma, habilitar las negociaciones con potenciales proveedores y asegurar el financiamiento en cuotas que cualquier contrato de esta escala requiere.
El mercado de fragatas de nueva generación ofrece opciones que distintos países han evaluado para flotas similares en tamaño y misión a la argentina. Pero ninguna de esas conversaciones puede avanzar sin una señal política clara desde Buenos Aires. Por ahora, lo que existe es una línea en un proyecto de presupuesto. La decisión real todavía está pendiente.
