El presidente Javier Milei anunció la priorización de la Base Naval Integrada en Ushuaia como parte de una serie de medidas vinculadas a la soberanía sobre las Islas Malvinas, el fortalecimiento de la vigilancia marítima y aeroespacial y la protección de los recursos naturales en las áreas en disputa. La decisión volvió a colocar al Atlántico Sur en el centro de la agenda estratégica argentina, aunque el proyecto tiene raíces institucionales previas: el Polo Logístico Antártico en Ushuaia fue incorporado formalmente a la planificación estatal mediante el Decreto 2645 de 2014, y en 2022 comenzó la construcción de la nueva base. Su continuidad a través de distintas administraciones muestra que no se trata de una iniciativa partidaria, sino de una necesidad estructural reconocida desde hace años.
Un espacio geopolítico único
Las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, Tierra del Fuego y la Antártida están sujetas a situaciones jurídicas distintas, pero forman parte de un mismo espacio geopolítico. La presencia británica en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur no se limita al control de esos territorios: le proporciona al Reino Unido vigilancia sobre espacios marítimos de gran extensión y una plataforma de proyección hacia la Antártida. No es casual que el reclamo antártico británico se superponga completamente con el argentino y parcialmente con el chileno. Aunque el Tratado Antártico mantiene en suspenso las reclamaciones territoriales y las Naciones Unidas reconocen en Malvinas una disputa bilateral de soberanía, desde una perspectiva estratégica ambos escenarios están estrechamente relacionados.
Décadas de deterioro acumulado
Roberto Fiadone — CC BY-SA 4.0
Argentina mantiene presencia permanente en la Antártida desde 1904 y participó de la negociación original del Tratado Antártico. Esa continuidad histórica, sin embargo, convivió con una pérdida progresiva de capacidades. Durante décadas se acumularon problemas de infraestructura, obsolescencia del material aéreo y naval, insuficiencias presupuestarias y una dependencia excesiva de unos pocos medios críticos. El incendio del rompehielos ARA Almirante Irízar en 2007 expuso esa vulnerabilidad con crudeza: durante su prolongada indisponibilidad, la Argentina debió contratar medios extranjeros para sostener sus campañas antárticas. La recuperación del buque fue fundamental, pero no resolvió el problema estructural.
A eso se suma una dificultad institucional documentada. Un estudio sobre la evolución de la política antártica argentina determinó que entre 2007 y 2013 el Plan Antártico ejecutó aproximadamente el 60 por ciento de los recursos asignados, con una subejecución cercana al 40 por ciento. En los proyectos de inversión, entre 2008 y 2011 esa subejecución llegó al menos al 60 por ciento. Las metas científicas del período, en cambio, sí fueron cumplidas, lo que dejó en evidencia que la fortaleza del programa descansó más en el compromiso del personal científico, técnico y militar que en la eficiencia presupuestaria e institucional del Estado.
Base naval versus polo logístico
Hay una distinción que el debate público suele ignorar. La Base Naval Integrada es principalmente una infraestructura militar destinada a concentrar, abastecer y sostener unidades de la Armada. El Polo Logístico Antártico es un concepto más amplio: implica articular el puerto, el aeropuerto, las Fuerzas Armadas, organismos científicos, universidades, prestadores privados y los servicios que requieren las expediciones antárticas nacionales y extranjeras. Para que Ushuaia se consolide como puerta de entrada a la Antártida necesita ofrecer reparaciones, combustible, conectividad, procedimientos aduaneros ágiles y capacidad de respuesta ante emergencias. Eso excede al Ministerio de Defensa e involucra a la Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, el Comando Conjunto Antártico, la provincia de Tierra del Fuego y el sector privado.
El sistema bicontinental que falta
Christopher Michel — CC BY 2.0
La propuesta estratégica más concreta que surge del análisis del analista Nicolás Sierra apunta a estructurar un sistema integrado entre Ushuaia, la Base Conjunta Antártica Petrel en la isla Dundee y la base Marambio. Ushuaia funcionaría como retaguardia continental, portuaria e industrial. Petrel, con condiciones para integrar operaciones aéreas y marítimas, operaría como nodo adelantado. Marambio continuaría su función como enlace aéreo y plataforma científica. Los buques, aeronaves y helicópteros serían los conectores del sistema. Sin esos medios operativos, la infraestructura en tierra tiene valor simbólico pero capacidad estratégica limitada.
En la Antártida, la influencia se construye mediante ciencia, permanencia, logística y cooperación. Ofrecer asistencia a otros programas antárticos no debilita la posición argentina: puede convertirse en un instrumento de diplomacia científica y de posicionamiento dentro del Sistema del Tratado Antártico.
El presupuesto como prueba real
La Política Nacional Antártica vigente fue aprobada en 1990, en un escenario internacional muy diferente al actual. Desde entonces aumentó la presencia de nuevos actores en el continente, creció el turismo, se profundizó la competencia por influencia y acceso logístico, y el cambio climático adquirió centralidad política. Actualizar esa política implica traducir intereses nacionales en objetivos verificables, responsabilidades institucionales claras y previsiones presupuestarias de largo plazo.
El anuncio de Milei deberá traducirse en asignaciones concretas, cronogramas públicos y avances materiales medibles. La política austral requiere inversiones que superan los ciclos presupuestarios anuales y los períodos presidenciales. Una base naval, un rompehielos o una instalación antártica no pueden depender de impulsos coyunturales ni de asignaciones ocasionales. Argentina no necesita solamente una nueva base en Ushuaia. Necesita transformar esa infraestructura en presencia efectiva, y esa presencia en capacidad real de influencia sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
