La Casa Rosada define el formato de la iniciativa que enviará al Congreso el próximo lunes. El articulado ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, y el viernes Quirno y Presti viajarán a Tierra del Fuego.
El Gobierno nacional trabaja contra el reloj para dejar listo el proyecto de sanciones vinculado a Malvinas antes del lunes próximo. En Casa Rosada aún están terminando de definir el formato de presentación de la normativa, que se encuentra en proceso de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica. Uno de los puntos que todavía se debate es si el texto incorporará actividades como la pesca y otras actividades económicas que se desarrollan en torno a las islas.
Miguel Discart & Kiri Karma (Photos Vrac) — CC BY-SA 2.0
La inclusión de la pesca no es un detalle menor. Las aguas circundantes a las Malvinas concentran una de las pesquerías más productivas del Atlántico Sur, y el régimen de licencias que administra el gobierno británico desde Port Stanley genera ingresos significativos para la administración de las islas. Incorporar ese sector al proyecto ampliaría considerablemente el alcance de las sanciones, que podrían apuntar a embarcaciones, empresas o individuos que operen bajo ese esquema sin reconocimiento argentino. La pregunta que se dirimen en el Ejecutivo es si conviene una cobertura amplia desde el inicio o si es más prudente arrancar con un texto más acotado que tenga mayores chances de avanzar en el Congreso.
En ese contexto, el viernes se llevará a cabo un movimiento político relevante. Dos funcionarios con peso directo en el expediente malvinero viajarán a Tierra del Fuego, la provincia que por razones geográficas, históricas y económicas tiene el vínculo más directo con la causa. El nombre de la provincia ya aparece en la Constitución como parte del territorio argentino que incluye a las islas, y cualquier política de Estado sobre Malvinas tiene eco inmediato allí. La visita de Quirno y Presti parece apuntar a coordinar posiciones antes de que el proyecto llegue formalmente al Congreso.
La iniciativa se enmarca en un corrimiento de la política exterior argentina respecto de las Malvinas. Durante los últimos años, la postura oficial osciló entre la negociación discreta y el reclamo más frontal; el envío de un proyecto de sanciones al Congreso representa un instrumento jurídico diferente, con potencial de presión concreta sobre actores económicos que operan en las islas bajo el paraguas británico. Que el Ejecutivo todavía esté debatiendo el alcance del articulado a pocos días de la presentación dice algo sobre la complejidad política del tema, tanto puertas adentro del Gobierno como en la relación con los bloques legislativos que deberán tratarlo.
