El jueves 4 de septiembre, Javier Milei utilizó la cadena nacional para anunciar un conjunto de medidas vinculadas a la disputa por las Islas Malvinas. El paquete tiene tres componentes. Primero, sanciones aceleradas y ampliadas contra la cadena empresarial de Sea Lion, la empresa que opera hidrocarburos en las islas bajo licencia británica. Segundo, un decreto de necesidad y urgencia orientado a la Base Naval Integrada y a las telecomunicaciones. Tercero, un proyecto de ley que crea un Consejo de Seguridad y que reformaría la Ley 26.659 para endurecer las penalidades a quienes participan de la explotación petrolera en las islas.
La ley que se quiere reformar
La Ley 26.659 fue aprobada por unanimidad en 2011, impulsada por el cineasta y legislador Fernando "Pino" Solanas. En su redacción original ya prevé inhabilitaciones de hasta 20 años y penas de prisión de hasta 15 años para quienes operen en el área sin autorización del Estado argentino. Lo que el gobierno de Milei busca ahora es ampliar el alcance de esas sanciones más allá de las empresas operadoras directas, para incluir también a proveedores, accionistas y directores. Es un cambio de lógica relevante: en vez de perseguir solo al que extrae, la norma reformada alcanzaría a toda la cadena que hace posible esa extracción.
El regreso de Caputo al tema
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Detrás del anuncio hay también una lectura política de peso. El discurso marcó el regreso de Santiago Caputo, asesor de comunicación del Gobierno, a un tema que considera central para la estrategia oficial. La convocatoria fue precedida por un pacto de silencio interno destinado a generar expectativa, y el tono del anuncio apunta a reinstalar el clima de confrontación con Gran Bretaña como eje de unidad nacional, en un momento en que el oficialismo enfrenta pérdida de apoyos de cara al calendario electoral.
Medidas reales, tiempo escaso
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El marco general de las medidas fue recibido con valoración positiva en sectores especializados en defensa y soberanía, aunque con una advertencia de fondo que no es menor. Las medidas apuntan en la dirección correcta, pero el problema no es solo qué se hace sino cuándo. La explotación de hidrocarburos en la zona de las islas lleva décadas avanzando bajo amparo británico, con infraestructura ya consolidada y con Sea Lion en etapa de desarrollo activo. El Estado argentino acumula años de respuestas tardías, marcos legales con escasa aplicación práctica y poca capacidad de disuasión real sobre operadores internacionales que procesan el riesgo legal de operar en el área como un costo asumible.
La reforma de la Ley 26.659 puede cambiar esa ecuación si el alcance a proveedores y accionistas logra efectivamente encarecer la participación en el negocio petrolero malvinense. Pero eso depende de que el proyecto avance en el Congreso, de que las sanciones se apliquen con consistencia y de que el DNU sobre la Base Naval Integrada tenga correlato real en capacidades operativas. Por ahora, son anuncios. La distancia entre el anuncio y la ejecución es exactamente el terreno donde Argentina ha perdido más en las últimas décadas en este expediente.
