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El salto que Chile tendría que dar para volar el F-35

Una eventual adquisición del F-35A por la Fuerza Aérea de Chile implicaría mucho más que reemplazar aviones: obligaría a transformar bases, infraestructura, logística y hasta la cultura institucional para operar dentro de un ecosistema de quinta generación. A septiembre de 2026, no existe ningún proceso oficial anunciado.

19 de septiembre de 2026 • El Lado Correcto
El salto que Chile tendría que dar para volar el F-35
Crédito: Airman 1st Class Mason Hargrove — Public domain

El F-35A es el caza más exigente del mundo occidental, no solo en el aire sino en tierra. Si Chile decidiera incorporarlo como sucesor del F-16, la Fuerza Aérea de Chile tendría que encarar una transformación de fondo que va bastante más allá de firmar un contrato y recibir los aviones.

Infraestructura que no existe hoy

El salto que Chile tendría que dar para volar el F-35

Hippocamelus — CC BY-SA 3.0

Las bases aéreas que hoy operan los F-16 chilenos no están preparadas para recibir un caza de quinta generación. El F-35 requiere hangares con control climático estricto, zonas de mantenimiento con blindaje electromagnético y acceso restringido a sus sistemas de gestión de datos, conocidos como ALIS o su sucesor ODIN. También exige pistas y plataformas adaptadas para el manejo del recubrimiento de baja observabilidad, que es tan sensible como el avión mismo. Todo eso implica inversión en infraestructura antes de recibir el primer aparato.

Mantenimiento y logística de otro nivel

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Defensie — CC0

El mantenimiento del F-35 no funciona como el de cazas convencionales. Lockheed Martin diseñó el programa con un esquema de soporte integrado que depende de conexión en tiempo real con sistemas del fabricante y del gobierno de Estados Unidos. Los técnicos necesitan habilitaciones específicas, el acceso a repuestos está regulado por Washington y cualquier modificación relevante pasa por la cadena oficial del programa. Para Chile eso significa negociar no solo la compra del avión sino los términos de ese soporte a largo plazo, algo que otros operadores del F-35 tardaron años en definir.

Entrenamiento, inteligencia y ciberdefensa

El salto que Chile tendría que dar para volar el F-35

U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Carly Feliciano — Public domain

Operar el F-35 con todo su potencial exige pilotos y operadores entrenados en guerra de quinta generación: fusión de datos de múltiples sensores, intercambio de información en red con otras plataformas, toma de decisiones táctica con un volumen de datos que los cazas anteriores no manejaban. Eso requiere simuladores propios, acceso a programas de entrenamiento en el exterior y una doctrina actualizada desde cero.

A eso se suma la ciberdefensa. El F-35 es básicamente un sistema de inteligencia volante: genera y procesa cantidades enormes de información sensible en cada vuelo. Proteger esa infraestructura digital requiere capacidades que la mayoría de las fuerzas aéreas de la región todavía está construyendo.

Un proceso que no arrancó

A la fecha de esta nota, Chile no tiene ningún proceso oficial en marcha para adquirir el F-35. Lo que existe es un debate técnico y estratégico sobre qué implicaría dar ese salto, en un contexto en el que la Fuerza Aérea necesita definir el futuro de su flota de combate más allá de los F-16 que opera actualmente.

Ese debate no es menor. Varios países de la región y del mundo que evaluaron el F-35 encontraron que el costo de propiedad total, incluyendo infraestructura, soporte y actualización continua, supera con creces el precio de los aviones en sí. Finlandia, Suiza y Alemania lo eligieron igual, pero partían de estructuras de defensa e integración con la OTAN que facilitan parte de ese ecosistema. Chile tendría que construir la mayor parte desde cero, en solitario, sin la red de soporte que tienen los aliados del bloque atlántico.

Eso no significa que sea imposible ni que no valga la pena analizarlo. Significa que la conversación real sobre el F-35 en Chile apenas puede empezar después de responder preguntas muy concretas sobre capacidad institucional, presupuesto sostenido y prioridades estratégicas de largo plazo.

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